El Anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado ayer en Consejo de Ministros, supone, en opinión del Consejo General de Enfermería, un avance importante en materia sanitaria con muchos aspectos positivos. Aunque tras pasar el preceptivo trámite parlamentario puede sufrir modificaciones, algunas de las propuestas que recoge el texto son sin duda beneficiosos para los pacientes. Sin embargo, corren el riesgo de quedarse en un puñado de buenas intenciones si no conllevan un importante aumento del gasto público en Sanidad. Para empezar, hay que recordar que la sanidad está transferida a las Comunidades Autónomas y son éstas quienes tienen que organizar las prestaciones, y si no reciben la financiación necesaria para poder hacer frente a todas estas nuevas prestaciones les va a ser imposible de cumplir los objetivos de la futura norma.

En todo lo relativo a copago y prestaciones sanitarias, compartimos el objetivo de esta Ley que apuesta por universalizar la sanidad y garantizar la prestación a los colectivos más vulnerables, por ejemplo, eliminando copagos de prótesis para pensionistas, personas en riesgo de pobreza o menores discapacitados. “Se trata de personas que tenían dificultades para afrontar cualquier tipo de desembolso y que, en los casos más extremos, podrían llegar a verse obligados renunciar a cirugías por no poder hacer frente a los copagos. También estamos absolutamente a favor de facilitar la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular eliminando cualquier requisito porque por encima de todo debe estar el ser humano y su derecho fundamental a recibir una asistencia sanitaria universal y velar por la salud pública”, asegura Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

Trabas a los conciertos

No obstante, nos preocupa mucho que el texto venga a poner trabas a los conciertos con la sanidad privada porque, de aprobarse tal y como está, se va a aumentar considerablemente el tiempo de espera porque hoy en día es imposible que la sanidad pública saque adelante el volumen de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas complementarias a las que tiene que hacer frente sin ayuda de la sanidad privada.

En la actualidad la Sanidad Pública está obligada a garantizar un tiempo máximo de espera para las intervenciones, solicitando mediante conciertos los servicios sanitarios necesarios y derivando pacientes en la actividad sanitaria que no pueda afrontar con sus recursos propios, y esta situación lejos de mejorar ha empeorado de una forma significativa tras la pandemia. Esta práctica (los conciertos) garantiza una solución al paciente, y lo cierto es que la sanidad pública no está preparada para afrontar dichas intervenciones por sí misma. Por tanto, estaríamos condenando al paciente a una espera mucho mayor, empeorando la calidad asistencial y la calidad de vida de los pacientes y la ciudadanía en general.

Nuestro sistema sanitario es público-privado, la clave reside en fortalecer la sanidad pública, con mayor inversión y recursos, cosa que en estos momentos parece que no es una prioridad en las políticas de salud, la concertación existe desde hace décadas su eliminación debe pasar por una profunda reforma sanitaria y en estos momentos es más lógico seguir apostando por la colaboración público-privada de forma equilibrada.